"Mi compañía me acusa de manipular el contador y
me exige 2.000 euros para no cortarme la luz"
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Cientos de consumidores
están recibiendo este tipo de cartas de las eléctricas
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Las empresas dicen que
ahora detectan más fraude porque tienen más medios
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Según asociaciones de
consumidores, muchos niegan haber tocado el aparato
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Los clientes pueden
reclamar en las direcciones de industria de sus autonomías
LOURDES FRANCIA 20.11.2014
“Es como meterte en un laberinto”. Así
resume Juana (nombre ficticio), propietaria de un pequeño comercio en
el centro de Madrid, sus esfuerzos para aclarar por qué su
compañía eléctrica asegura que ha detectado una manipulación en su
contador de la luz y le exige el pago de más de 2.000 euros
adicionales (ver carta en pdf). Si no
lo abona, se cortará la electricidad a su negocio y será incluida en
el registro de morosos (ver requerimiento en pdf).
Las organizaciones de consumidores aseguran
que, desde hace unos meses, les están llegando muchos casos como el de
esta comerciante, mientras que las empresas eléctricas explican que
ahora detectan más fraude de este tipo gracias a que cuentan con
mecanismos que localizan mejor y más rápido las divergencias entre la
energía que se reparte y la que finalmente se factura.
Muchos de los clientes afectados insisten en
que no han manipulado nada, pero es muy complicado demostrarlo.
Además, cuando sí se comprueba que se ha tocado el aparato de medida del
consumo, es muy difícil saber quién lo ha realizado, ya que puede
haber sido el consumidor, pero también un tercero, como por ejemplo un vecino o
un inquilino anterior del inmueble.
Distinta facturación de la distribuidora y la
comercializadora
En concreto, la pesadilla de Juana comenzó hace unos
dos meses, cuando Endesa - su comercializadora eléctrica y, por tanto
responsable de facturar y cobrar la electricidad– le envió una carta
para comunicarle que se había detectado una manipulación del contador
y, por eso, se había refacturado su consumo entre noviembre de
2012 y el mismo mes de 2013 para aumentarlo en 12.141 kilovatios (kWh). Por esa
razón, le exigía abonar casi 2.140 euros adicionales por ese período.
Esa cantidad más que duplicaba la marcada por
la empresa encargada de la lectura de los contadores (Unión Fenosa
Distribución), que en su informe fijaba en 943,29 euros la cantidad adeudada
por Juana (ver documento en pdf). El
cálculo que debe realizarse en estos casos está fijado en el artículo 87
del Real Decreto 1955/2000 y consiste en multiplicar
la potencia contratada por seis horas de utilización diarias durante 365 días.
Ahí comenzó un rosario de llamadas telefónicas
y peticiones a ambas eléctricas para tratar de encontrar una
explicación, ya que ella niega en todo momento haber tocado su contador.
La ley responsabiliza al consumidor de la
custodia del contador, pese a que esos aparatos son propiedad de las
eléctricas en la mayoría de los casos y el cliente –que paga un alquiler por
él- desconoce muchas veces dónde se localiza.
Además, la norma establece que la empresa debe
presentar un informe sobre la manipulación, pero no fija como requisito
necesario que esa irregularidad sea constatada por las autoridades competentes
antes de que sea revertida por la eléctrica.
Facturas más bajas que en el período de supuesta
manipulación
Con sus gestiones, Juana obtuvo el informe de Fenosa,
“que no aporta ninguna prueba, ni descripción ni fotografías ni
testimonios que respalden la supuesta manipulación del contador”,
explica. “Ellos aseguran que no tienen obligación legal de avisar al cliente ni
cuando se realiza la revisión ni cuando supuestamente detectan una
irregularidad. Mi contador está en el cuarto del conserje, dentro
del portal, y nadie puede acceder a él, salvo el conserje y el técnico que
realiza la lectura”, señala la mujer.
Además –continúa- “llama la atención que mis
facturas posteriores a la supuesta normalización del contador
son iguales, e incluso menores, a las del período en el que
supuestamente estuvo manipulado”. Como ejemplo, cita que su consumo entre marzo
y mayo de 2013 alcanzó los 559 kilovatios/hora, mientras que fue de 325
kilovatios/hora en igual período de este año.
Después de varias semanas, esta empresaria ha
conseguido que Endesa rebaje un poco la cantidad exigida -desde
los 2.100 euros hasta 1.130-, por lo que ha presentado una reclamación
ante la autoridad competente, la dirección general de Industria de la
Comunidad de Madrid, y está a la espera de una resolución.
Denuncia ante Competencia
Según las asociaciones de consumidores, el caso de
Juana no es único y en los últimos meses se están multiplicando este
tipo de reclamaciones de clientes de Endesa e Iberdrola, sobre todo.
“Empezamos a recibir denuncias el pasado junio y ahora
el ritmo se ha incrementado hasta las siete u ocho diarias”, señala
Cristina Maroto, del servicio jurídico de la Asociación General de Consumidores
(ASGECO) a RTVE.es.
De hecho, esta asociación presentó en agosto
una denuncia por este comportamiento de las eléctricas ante la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo
inició en octubre un proceso preliminar de recogida de datos y
análisis para averiguar si se están produciendo malas prácticas o
irregularidades. Si encontrase indicios de comportamientos que no se ajustan a
las normas, se incoaría un expediente y se abriría una investigación formal.
Una de las normas de la reciente reforma
eléctrica incentiva a las empresas para que reduzcan el fraude en el
sector, pagándoles un 20% de los peajes declarados por cada compañía (ver
artículo 40 del Real Decreto 1048/2013).
Según explican desde el Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya -organismo competente
para regular la distribución eléctrica y atender las quejas de los usuarios- se
asegura a RTVE.es que "a raíz de esa norma, sí hemos detectado un
aumento de las reclamaciones de los consumidores, se han triplicado".
Las empresas aseguran que se aplica la normativa
Sin embargo, desde Endesa se ha
indicado a RTVE.es que estas inspecciones no han aumentado y
que tampoco ha crecido la detección del fraude. Aunque se asegura
que se aplica la normativa en todo momento, la compañía no
ha querido dar detalles sobre cómo se realizan las inspecciones ni de
cómo se actúa en caso de divergencias con un consumidor. Tampoco Unión
Fenosa ha dado explicaciones sobre esos procesos.
Una fuente de Iberdrola ha explicado
a RTVE.es que es cierto que ahora se están descubriendo más
manipulaciones de este tipo, “lo que no quiere decir que haya
más fraude, sino que se cuenta con mejores mecanismos para detectarlo:
sistemas informáticos, telegestión… Y con los contadores inteligentes, aún será
más fácil”.
Esta eléctrica asegura que las inspecciones siguen
el procedimiento establecido en las leyes, avisando a la
comercializadora y los clientes de que se ha detectado el fraude. “A veces se
toman fotos de cómo está el contador; si, por ejemplo, se trata de acometidas
piratas para urbanizaciones, se avisa a la Guardia Civil para que constate la
ilegalidad y se presenta denuncia”, señala la misma fuente.
“Nosotros, como distribuidora, detectamos la
manipulación, normalizamos el contador y facturamos a la
comercializadora, que después, reclama esa cantidad al
cliente. Cuando comunicamos un fraude, no acusamos a nadie concreto de
hacerlo, simplemente, se identifica un punto de suministro al que no se está
facturando lo que en realidad consume”, añaden desde Iberdrola.
Esta eléctrica insiste en destacar que este tipo
de fraude perjudica a todos: “La electricidad distribuida y no
facturada sí paga peajes y ese coste se distribuye entre todos los clientes.
Además, el Estado también deja de recaudar los impuestos directos e indirectos
que gravan esa energía consumida y no pagada”.
Este tipo de inspección no convence a la Generalitat
catalana, que en la actualidad negocia con la principal empresa
distribuidora de electricidad en la comunidad -Endesa- otro mecanismo
que conceda más garantías al consumidor. "No nos vale solo con la
palabra de la compañía eléctrica, no nos vale solo que envíe una carta
al cliente comunicando el fraude y reclamando el pago de la refacturación, sino
que exigimos la verificación de un tercero, que la manipulación sea
certificada por un organismo de control, es decir, por una empresa privada de
certificación de actividades industriales autorizada por la
Administración".
A la espera de definir ese nuevo procedimiento, las
reclamaciones presentadas en Cataluña están paralizadas, ya que deberán revisarse
"una a una", dando prioridad a las que tengan una amenaza
inminente de corte de suministro.
“Indefensión” del consumidor
Por su parte, ASGECO insiste en la
“indefensión del consumidor” en este tipo de situaciones, lo mismo que
destaca Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU).
“El consumidor tiene muy difícil defenderse
porque la compañía eléctrica tiene todo a su favor: es la que hace la
inspección y no tiene obligación de que haya testigos o pruebas. Además, pueden
haber sucedido muchas cosas: puede que el contador no haya sido manipulado por
nadie pese a lo que dice la empresa, puede que lo hayan manipulado terceros…”,
explica García a RTVE.es.
En estos casos, las organizaciones de
consumidores recomiendan reclamar –siempre por escrito- a las
eléctricas implicadas, solicitando la información en la que se
sustenta la acusación de manipulación del contador. Si el resultado no
les satisface, debe recurrirse a la dirección general de Industria de
la comunidad autónoma correspondiente, para que ésta decida si ha habido
efectivamente manipulación y si ésta puede imputarse al consumidor. Pero mientras
se dirime el caso, el cliente deberá pagar el sobrecargo para evitar
que le corten la luz.
Las reclamaciones se resuelven a nivel autonómico
La dirección general de Industria de la Comunidad
de Madrid coincide en que estas reclamaciones han aumentado en
los dos últimos años y lo explica por “una mayor actividad de
control del fraude por parte de las empresas de distribución”. Así, en
lo que va de año, han recibido casi 900 reclamaciones en este
sentido, que están en diversos estados de tramitación.
Según sus datos, en esa autonomía, “en el entorno
del 70%-80% de las reclamaciones se confirma la existencia de
manipulación del equipo de medida y la facturación emitida por la
empresa distribuidora”, y en el resto o se cambia la cantidad que debe
pagar el cliente para ajustarla mejor a lo que la eléctrica ha dejado
de facturar por la manipulación, o se estima la denuncia del
consumidor porque la eléctrica no acredita debidamente esa
manipulación. En esos dos últimos casos, la eléctrica tiene que
devolver lo cobrado de más, pero no es sancionada.
En Navarra, la dirección general de
Industria ha visto dispararse este año las consultas sobre
este tipo de situaciones. Frente a las 91 de 2013, ya se han registrado 247 en
2014, aunque las reclamaciones presentadas son muchas menos (5 en 2013 y 12 en
este año).
De las cinco reclamaciones de 2013, cuatro están
resueltas mediante un laudo arbitral que ha dado la razón al
consumidor y el quinto ha terminado con un acuerdo amistoso entre las
partes. Respecto a 2014, de los 12 expedientes, el órgano arbitral
se ha inhibido en los dos laudos emitidos -por lo que se debe resolver por la
vía jurisdiccional- y el resto está pendiente de resolución.
En Castilla y León se asegura no
haber recibido ninguna reclamación sobre este asunto, y el resto de
las 15 comunidades autónomas a las que RTVE.es ha solicitado información no ha
atendido la petición hasta el momento (Baleares y Canarias cuentan con un
sistema diferente por ser extra-peninsulares).
